Este movimiento está basado en la explotación de los recursos naturales provocando
conflictos socio-ambientales ya que el estado no se interesó en los territorios
afectados, así como los problemas ambientales derivados de la actividad
extractiva en dichos territorios, los cuales son sufridos por las poblaciones
locales, sus auspiciantes principales el Estado y las empresas extractivas, que
buscan sacar provecho de sus recursos, mientras los segundos buscan la
obtención de ganancias y ampliación de su área de influencia, además de organizaciones
campesinas, indígenas y ambientalistas, articulan lógicas de protección
ambiental, respeto a las comunidades y autodeterminación.
También en este movimiento de un sistema de alianzas que desde la ética
política cumple con la función de legitimación social de la lucha, donde el
Estado valoriza el derecho público nacional a través de interpretaciones
forzadas de los contenidos normativos de la Constitución y las leyes de
protección del ambiente; la acción de las empresas valoriza el derecho privado
y el libre mercado;y las organizaciones sociales –comunitarias, ambientalistas e
indígenas- valorizan el derecho internacional, los derechos colectivos y el
Buen Vivir.
La mayor parte de los conflictos socio-ambientales se dan en
territorio amazónico, ya que este territorio
es que tiene una gran variedad de recursos naturales, los cuales son extraídos
por transnacionales y compañías estatales, y que en este territorio se da la
existencia de alto índice de población indígena, biodiversidad y ecosistemas
altamente sensibles y actores políticos no favorables a las posiciones
gubernamentales, por lo que el estado ha impulsado políticas rupturistas al interior de
las resistencias al proyecto neo-desarrollista, bajo la promesa de brindar
apoyos para el desarrollo territorial y repartir los excedentes.
Wendy Erazo
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